El asunto en cuestión implica una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal contra la reforma al Poder Judicial de Yucatán, la cual fue impulsada por la bancada de Morena en febrero de 2025. Esta reforma, conocida como la "reforma yucateca", fue publicada el 5 de marzo de 2025 en el Diario Oficial del Estado.
La acción de inconstitucionalidad, numerada 44/2025, fue admitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 8 de mayo de 2025. Busca declarar la invalidez de ciertos artículos de la Constitución Política del Estado de Yucatán, específicamente los artículos 64 y 70, relacionados con la reforma judicial en dicha entidad.
Un aspecto clave de esta reforma es que establece un proceso en el cual se acordó que seis magistrados permanecerían en sus puestos mientras que otros nueve serían elegidos. Sin embargo, los promoventes argumentan que esta disposición es inconstitucional porque todos los magistrados deberían ser sometidos a votación, lo que implicaría la remoción de los seis magistrados que se acordó que continuarían en sus cargos.
El proyecto de reforma fue presentado el 26 de febrero de 2025 por Wilmer Monforte, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Yucatán y líder de la bancada de Morena, y estaba apoyado por diputados de partidos aliados como el Partido Verde y el Partido del Trabajo.
Los expedientes, 44/2025 y 45/2025, serán analizados por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien tendrá la responsabilidad de llevar a cabo el estudio del caso y emitir un fallo al respecto.