El incidente de ciberseguridad que ha afectado a la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato ha generado gran preocupación debido a la naturaleza sensible de la información que ha sido comprometida. El grupo de hackers Tekir APT se hizo responsable de la intrusión, revelando que habían secuestrado aproximadamente 250 gigabytes de datos que incluyen registros de autos robados, datos del personal, correos internos y peritajes, entre otros.
A pesar de que la Fiscalía intentó minimizar el impacto del hackeo durante los primeros días del incidente, afirmando que la información no estaba en riesgo, finalmente tuvo que reconocer la intrusión tras la difusión de datos en foros de ciberdelincuencia. Este tipo de hackeo, especialmente el que involucra ransomware, ha sido calificado por expertos en ciberseguridad como uno de los más graves en los últimos años, considerando la sensibilidad de los datos involucrados.
El hecho de que haya otras fiscalías, como las de Nuevo León y Chihuahua, que también han sido víctimas de ataques similares en años recientes, sugiere un patrón preocupante en la seguridad de las instituciones gubernamentales en México. Además, la posibilidad de que se trate de un ataque interno ha sido mencionada, lo que podría señalar problemas de seguridad estructurales dentro de estas instituciones.
Como resultado de este incidente, la Fiscalía ha iniciado una investigación sobre la "intromisión no autorizada" a sus sistemas, buscando entender y responder a las vulnerabilidades que permitieron este ataque.