La reciente elección judicial en México, que se llevó a cabo el 1 de junio, ha sido criticada por diversas organizaciones de la sociedad civil, que la califican como una "regresión democrática de décadas". Estas afirmaciones provienen del Observatorio Electoral Judicial, que incluye a México Evalúa, Di-sentir, el Laboratorio Electoral y Práctica: laboratorio para la democracia. Según su informe final, el proceso electoral estuvo marcado por una serie de irregularidades, incluida la injerencia de funcionarios y el uso de recursos públicos para influir en el voto a favor de ciertos candidatos.
El informe destaca que la elección no solo careció de transparencia, sino que también se vio afectada por la parcialidad del Tribunal Electoral y del Instituto Nacional Electoral (INE), los cuales, según las organizaciones, actuaron en beneficio del oficialismo. Como resultado, dicha elección se describe como "una farsa" que podría señalar el "inicio de la restauración autocrática" en el país.
Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, indicó que la ausencia de reglas claras y la deficiente calidad legislativa en la aprobación de la reforma judicial, así como la falta de rigor en el proceso, dañaron la integridad del mismo, lo que a su vez desalentó a los ciudadanos a votar de manera informada y libre.
El informe pone en tela de juicio la legitimidad no solo de los nuevos jueces y magistrados electos, sino también de las instituciones que participaron en el proceso. Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, plantea en el reporte si puede considerarse democrática una elección en la que la mayoría de las candidaturas fueron determinadas por el gobierno y en la que el electorado no está informado sobre los candidatos y sus funciones.
Esta crítica resalta preocupaciones sobre la salud democrática en México y la necesidad de garantizar procesos electorales más transparentes y participativos.