La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México decidió no invalidar una reforma de 2020 que eliminó el fondo mínimo destinado a la reparación del daño y atención a víctimas del delito. Durante una sesión reciente, el ministro Giovanni Figueroa propuso declarar inconstitucional la reforma, argumentando que la eliminación de un porcentaje del presupuesto federal para apoyar a las víctimas era regresiva e injustificada.
Figueroa destacó que una resolución previa de la extinta Primera Sala de la Corte había dado un plazo de 90 días al Congreso para corregir la reforma, plazo que ya ha vencido sin ninguna acción por parte del Legislativo. Sin embargo, su propuesta solo recibió el respaldo de cinco de los ministros presentes, siendo necesaria una mayoría de seis votos para proceder con la inconstitucionalidad. Los otros cuatro ministros consideraron que la reforma es constitucional, argumentando que invalidarla equivaldría a reinstaurar el fideicomiso que había sido eliminado por el gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
Con esta decisión, la reforma que afecta directamente el financiamiento a las víctimas del delito permanecerá vigente.