Más de 90 organizaciones en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas han formado el frente "Noreste sin fracking" para rechazar esta práctica, argumentando que representa una amenaza para el agua, el aire y la salud pública en una región que ya enfrenta una grave crisis hídrica. En su pronunciamiento, exigen a los gobernadores que detengan el fracking, que consume millones de litros de agua y causa contaminación ambiental, señalando que en México la extracción de cada pozo puede requerir entre 8 y 80 millones de litros de agua, de los cuales menos de la mitad regresa a la superficie mezclada con compuestos tóxicos.
Las organizaciones denunciaron que desviar grandes cantidades de agua hacia la industria fósil en zonas con estrés hídrico es condenar a la población a la escasez. Afirmaron que el noreste de México ha pagado un alto precio por las industrias extractivas, que, en lugar de generar bienestar, han dejado contaminación y enfermedades.
En su demanda, las organizaciones piden la prohibición del fracking en el país, el respeto al derecho a la información y la participación de las comunidades afectadas conforme al Acuerdo de Escazú. También solicitan una discusión pública sobre el modelo de desarrollo, buscando promover un modelo descentralizado de generación de energía.
Finalmente, critican la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de crear un "comité científico" para evaluar un fracking que se presente como "sustentable", afirmando que no existe tal cosa, ya que el fracking tiene consecuencias ambientales y de salud bien documentadas.