La reciente aprobación de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) en México ha causado preocupación entre diversas organizaciones civiles, que advierten sobre un posible retroceso en los estándares de transparencia que el país había logrado hasta ahora. Entre las inquietudes planteadas, se menciona que la nueva legislación debilita principios fundamentales como la independencia del extinto Instituto Nacional de Transparencia (INAI), la obligación de documentar actos de autoridad y el principio de máxima publicidad.
Antes de la aprobación de esta ley, México se destacaba por tener una de las mejores leyes de acceso a la información a nivel mundial, en virtud de su régimen claro de excepciones y una adecuada prueba de daño. La nueva normativa ha sido percibida como un paso atrás en este sentido.
A pesar de estas preocupaciones, organizaciones como México Evalúa han instado a los congresos estatales a aprovechar esta oportunidad para mejorar sus propias leyes de transparencia. Proponen adoptar medidas que fortalezcan el acceso a la información y auguran que los estados tienen la responsabilidad de ir más allá de lo mínimo requerido por la nueva ley, buscando elevar la apertura gubernamental y aumentar la confianza pública en las instituciones.