La Alianza Mexicana contra el Fracking, compuesta por 40 organizaciones, ha expresado su fuerte oposición a las actividades de fractura hidráulica en México. Ellos acusan a la presidenta Claudia Sheinbaum de favorecer a la industria del fracking, ignorando las preocupaciones de las comunidades que podrían verse afectadas, especialmente en los estados de Nuevo León, Coahuila y el norte de Tamaulipas.
Los representantes de estas organizaciones subrayan que la falta de consulta con las comunidades en áreas como la Cuenca Tampico-Misantla es alarmante, considerando que estas zonas no son desérticas y tienen poblaciones que dependen del acceso al agua. Beatriz Olivera, de la organización civil Engenera, enfatiza que el potencial para desarrollar fracking en estos lugares podría comprometer el acceso al agua que necesitan los habitantes.
Desde el punto de vista financiero, se estima que se requerirán entre 24 mil y 42 mil millones de dólares para perforar entre dos mil y tres mil 500 pozos de fracking. Esto plantea preocupaciones sobre la deuda que tendría que asumir Pemex o sobre la participación de empresas privadas estadunidenses, lo que podría chocar con el discurso de soberanía energética que actualmente sostiene el gobierno mexicano.
Organizaciones como Familia Pasta de Conchos advierten que la eliminación de áreas para el fracking podría crear “zonas de sacrificio”, donde la salud y el bienestar de las comunidades se verían comprometidos en favor de la extracción de recursos. Cristina Auerbach Benavides señala que la historia de la región carbonífera de Coahuila ya está marcada por el deterioro ambiental y la tragedia de los mineros caídos, sugiriendo que el fracking solo contribuiría a un ciclo de explotación y muerte.
Las ONG presentes en la rueda de prensa, que incluirán grupos de Veracruz y San Luis Potosí, han manifestado su deseo de que el fracking sea prohibido constitucionalmente en todo el país. Quieren asegurar los derechos a un medio ambiente sano y un acceso seguro al agua, demandando que las comunidades afectadas sean incluidas en el proceso de toma de decisiones sobre la explotación de recursos naturales. La posición de estos grupos es clara: se oponen a la técnica del fracking, considerándola destructiva y perjudicial tanto para la salud humana como para el medio ambiente.