El paro de los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México ha causado retrasos significativos en la atención de diversos asuntos judiciales, afectando a cerca de 100,000 usuarios diarios que requieren acceso a la justicia. Desde el 28 de mayo, los empleados han cerrado las instalaciones para exigir mejoras en sus condiciones laborales, incluyendo un incremento salarial, actualización de equipos de cómputo, mejoras en infraestructura y el cese del hostigamiento laboral.
Como resultado de esta situación, el Consejo de la Judicatura local ha tenido que emitir acuerdos para suspender plazos y términos en miles de juicios. Actualmente, solo se están atendiendo trámites considerados urgentes, como solicitudes de pensión alimenticia y medidas provisionales ante situaciones de violencia familiar. Otros procesos, que abarcan desde juicios sucesorios hasta demandas de divorcio, permanecen paralizados.
Este paro ocurre en medio de un contexto de rezago judicial que se remonta a 2020, acentuado por la pandemia de COVID-19 y los recortes presupuestales impuestos por las administraciones de Claudia Sheinbaum y Clara Brugada. Además, la implementación reciente del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares ha complicado aún más la situación, ya que ha llevado a la extinción de diversos juzgados sin la asignación de más personal ni incentivos para quienes han tenido que absorber la carga de trabajo adicional.