Diputados de Movimiento Ciudadano, PAN y PRI han promovido una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la Ley de Expropiación y Demás Limitaciones al Derecho de Propiedad del Estado de Campeche, que ha sido utilizada por la gobernadora Layda Sansores para expropiar terrenos de personas cercanas al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, conocido como "Alito". La gobernadora argumenta que los terrenos se destinarán a la construcción de la universidad Rosario Castellanos.
Los legisladores que impugnaron esta ley sostienen que infringe los derechos humanos de los ciudadanos, ya que permite al gobierno expropiar propiedades simplemente alegando utilidad pública. En palabras del diputado local de MC, Ignacio Muñoz Hernández, esta ley facilita la ocupación inmediata de terrenos sin audiencia previa ni compensación, y otorga plazos muy reducidos para que los propietarios puedan defenderse—solo cinco días, en lugar de los quince que establece la legislación federal.
Muñoz Hernández también aclaró que no hay recursos administrativos disponibles para impugnar la expropiación, limitándose a la posibilidad de un juicio de amparo, lo que deja a los ciudadanos en una situación de indefensión. La ley establece que la Secretaría de Gobernación del estado declarará la utilidad pública de los terrenos y que la Secretaría de Finanzas fijará su valor, lo que, según los legisladores, abre un camino para abusos de poder.
El diputado de Movimiento Ciudadano expresó su preocupación de que esta ley, cuyo nombre remite a un exgobernador del PRI, podría utilizarse como un medio de venganza o persecución política, afectando a toda la ciudadanía de Campeche.