La gobernadora Marina del Pilar Ávila ha presentado una iniciativa al Congreso de Baja California que busca endurecer las penas para quienes interferan o alteren sistemas de videovigilancia, actividad conocida como "halconeo". Esta propuesta se enmarca en los esfuerzos del gobierno estatal para combatir el crimen organizado y la inseguridad.
Durante una conferencia matutina, Ávila mencionó que se ha trabajado de manera conjunta con el diputado local Jorge Ramos y destacó que, en su gestión, se han retirado más de 1,600 cámaras de videovigilancia de procedencia desconocida, la mayoría de estas retiradas en el año actual.
La iniciativa busca reformar el Artículo 317 del Código Penal, incrementando la pena de cárcel de 1-3 años a 5-8 años para quienes obtengan y compartan información de instituciones de seguridad pública con la intención de facilitar delitos. Además, se agregarían nuevas sanciones para aquellos que interfieran o dañen los sistemas de videovigilancia en espacios públicos o en inmuebles que presten servicios públicos. El objetivo es desincentivar este tipo de prácticas delictivas y proteger mejor a la población de la actividad criminal.