La situación en torno a José Antonio Romero Tellaeche, quien fue destituido como director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) por la secretaria de Ciencia, Rosaura Ruiz Gutiérrez, ha generado controversia y debate sobre los procesos legales y estatutarios que rigen su cargo. Romero Tellaeche argumenta que, a pesar de su destitución, aún mantiene "sus atribuciones y responsabilidades" en el CIDE, citando el Estatuto General del centro y la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación como bases para su postura.
En un oficio dirigido a los integrantes del Órgano de Gobierno del CIDE, el exdirector subrayó que cualquier remoción anticipada del cargo debe seguir un proceso formal y cumplir con requisitos legales específicos, incluyendo la acreditación de causas justas y el respeto al debido proceso. Según su interpretación, la separación del cargo no puede basarse en decisiones informales o políticas sin un sustento jurídico adecuado.
Romero Tellaeche también enfatizó la necesidad de que la evaluación de su desempeño institucional sea realizada por entidades técnicas y especializadas, sugiriendo que cualquier opinión que no siga este protocolo debería ser considerada insuficiente para justificar su destitución.
A pesar de la decisión de la secretaria, él manifestó su disposición para continuar en el cargo, siempre bajo el respeto al marco jurídico y a las decisiones que tome el Órgano de Gobierno del CIDE. Esta disputa pone de relieve las tensiones en la gestión de instituciones académicas y la relación entre el gobierno y el área educativa en México.