El caso de Brayan Flamenco Quintero y su reacción ante el nombramiento de Francisco Garduño Yáñez resalta la tensión entre los sobrevivientes del trágico incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez y las decisiones del gobierno mexicano. Brayan, uno de los 27 sobrevivientes, expresó su incredulidad y frustración al enterarse de que Garduño, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, ocuparía un puesto en la Secretaría de Educación Pública (SEP) a pesar de estar involucrado en un proceso legal relacionado con la tragedia.
El compromiso de Brayan con la búsqueda de justicia es evidente, ya que ha estado presente en audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ha dejado claro que considera inaceptable que alguien que ha sido señalado como responsable de la muerte de 40 migrantes reciba un cargo público. Su denuncia sobre la corrupción en el gobierno mexicano refleja una preocupación más amplia sobre la rendición de cuentas y la protección de los derechos humanos de los migrantes.
Además, Brayan señala que la afirmación de la presidenta Claudia Sheinbaum de que Garduño "ya no está bajo proceso de ningún tipo" es contradictoria y resulta ofensiva para los sobrevivientes y las familias de las víctimas. Su llamado a la justicia revela la lucha continua de quienes sufrieron la tragedia y su búsqueda de reconocimiento y compensación por el dolor y las pérdidas que han enfrentado.
Este asunto pone de manifiesto no solo la complejidad de la situación migratoria en México, sino también el desafío de abordar la impunidad y la corrupción en el sistema político, factores que, como señala Brayan, obstaculizan el avance hacia una verdadera justicia y protección para los migrantes.