La situación descrita señala una serie de acusaciones serias en torno a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas. Legisladore de Morena han denunciado la existencia de una red dentro del Poder Judicial Federal que facilitaría su impunidad, específicamente mediante decisiones judiciales que le han permitido evadir la acción de la justicia tras su desafuero.
El desafuero fue una acción por parte de la Cámara de Diputados en abril de 2021, solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR), debido a acusaciones de lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal. A pesar de esto, García Cabeza de Vaca obtuvo protección a través del Congreso local, que, dominado por su partido, el PAN, decidió no acatar la decisión federal. Posteriormente, la Suprema Corte validó este actuar, permitiéndole así mantener su estatus hasta el final de su mandato en 2022.
Este caso resalta la complejidad del sistema judicial y político en México, donde las interacciones entre poderes pueden influir en la impartición de justicia, y refleja preocupaciones sobre la corrupción y el tráfico de influencias en el ámbito judicial.