La situación de CAME, una de las sociedades financieras populares más significativas en México, ha dejado a más de un millón de ahorradores en una situación crítica. Con su intervención por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el 13 de junio, la entidad ha detenido sus operaciones y ha congelado el acceso a los ahorros de muchos usuarios, que en su mayoría provienen de áreas rurales y no tienen acceso a otras opciones bancarias.
Según un informe de Moody’s Local México, el Fondo de Protección para Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores (Prosofipo) cuenta con activos líquidos que apenas alcanzan los 594 millones de pesos, lo que es insuficiente para cubrir los 1,600 millones de pesos en ahorros que CAME tenía en su última captación. El seguro de depósitos de Prosofipo protege cada ahorrador hasta por 25,000 Unidades de Inversión (UDIS), pero esto no es suficiente para aquellos que tienen saldos mayores. Además, si todos los ahorradores demandan su dinero al mismo tiempo, el fondo no tiene la capacidad operativa para hacer frente a esa situación.
La problemática se agrava ante la falta de transparencia y claridad en la información proporcionada por las autoridades, lo que ha generado una creciente preocupación entre los ahorradores y sus familias. La intervención, aunque presentada como preventiva, ha resultado en la pérdida de acceso a los ahorros de 1.3 millones de usuarios, lo que plantea un desafío considerable y resalta la vulnerabilidad de los sistemas financieros que operan en México.