La empresa Casanova Vallejo, que se encarga del suministro de vehículos al Ayuntamiento de San Luis Potosí, está en el centro de un nuevo escándalo vinculado a supuestas irregularidades en el arrendamiento de 42 unidades. La compañía, que ya fue sancionada en 2022 por la Secretaría de la Función Pública, recibió un contrato de 27.6 millones de pesos que, según reportes, se otorgó con sobrecostos que podrían haber causado un daño patrimonial por hasta 15 millones de pesos.
A pesar de su inhabilitación original, que le prohibía participar en contrataciones públicas hasta 2026 debido a un incumplimiento de contrato con el ISSSTE, la empresa ha presentado múltiples amparos para poder seguir concursando en licitaciones. Un cambio significativo se produjo el 27 de mayo de 2024, cuando se publicó una circular en el Diario Oficial de la Federación que levantó la sanción de inhabilitación de 45 meses impuesta a Casanova Vallejo, permitiéndole de nuevo participar en procesos de contratación pública.
La circular menciona que esta decisión se derivó de una sentencia del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a raíz de un recurso de revisión relacionado con un amparo promovido por la empresa. A pesar de las controversias, los registros de Compranet indican que Casanova Vallejo ha mantenido una activa participación en contratos con diversas dependencias gubernamentales, acumulando 72 asignaciones que suman más de 466 millones de pesos entre 2022 y 2025 únicamente con el gobierno federal.