El Caso Narvarte, que tuvo lugar en julio de 2015, continúa siendo un símbolo de la impunidad en México, especialmente en los casos de violencia contra periodistas y activistas. A más de diez años de la tragedia, la familia de Rubén Espinosa y las demás víctimas han expresado su frustración por la falta de respuesta del gobierno, a pesar de sus repetidas solicitudes de atención y justicia.
La carta enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refleja la desesperación y la necesidad de obtener claridad sobre el caso. A pesar de que se ha intentado establecer contacto y solicitar reuniones, las familias no han recibido una respuesta satisfactoria ni de la administración de Sheinbaum ni del nuevo gobierno local encabezado por Clara Brugada.
La conmemoración realizada frente al lugar de los hechos, junto con la develación de un nuevo memorial, pone de manifiesto la lucha continua de los familiares por recordar a las víctimas y mantener viva la demanda de justicia. La acusación de que el gobierno no ha mostrado interés real en avanzar en la investigación resalta una crítica a la falta de voluntad política para abordar estos casos de manera efectiva.
El caso ha resonado no solo a nivel nacional, sino internacional, subrayando la grave problemática de la protección de los derechos humanos en México y la situación de vulnerabilidad de aquellos que ejercen el periodismo y activismo social. La persistencia de las familias de las víctimas es un recordatorio de la necesidad de seguir luchando por justicia en un entorno donde la impunidad sigue siendo una constante.