La situación de violencia en Sinaloa, provocada por las luchas internas del Cártel de Sinaloa, ha llevado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y a la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) a proponer una agenda de seguridad "poscrisis". Las cifras revelan un aumento alarmante en los delitos de alto impacto entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, con un promedio de siete homicidios dolosos diarios, en comparación con una media anterior de 1.5.
El titular de la CESP, Miguel Calderón, enfatiza la necesidad de utilizar estos datos para planificar acciones que fortalezcan las instituciones de seguridad y justicia en un futuro. Se sugiere que el presupuesto gubernamental para 2026 se enfoque en esta área, honrando a las víctimas de la violencia y promoviendo el rechazo hacia cualquier forma de violencia.
Además, la CEDH ha señalado un significativo aumento en las desapariciones forzadas, con 1,907 casos registrados oficialmente, aunque se estima que la cifra real puede superar los 2,800. Los sectores más afectados por esta ola de violencia incluyen a niños, mujeres y periodistas, con terribles estadísticas que incluyen 50 menores asesinados, 76 feminicidios y 64 agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos. La situación es crítica y exige una atención urgente y coordinada para abordar ellos desafíos y fortalecer la seguridad y la protección de los derechos humanos en Sinaloa.