El informe preliminar titulado “Chiapas 2025: la paz pendiente”, emitido por un consorcio de organizaciones de derechos humanos y civiles, resalta la ineficacia de la estrategia de seguridad del gobierno estatal de Chiapas para abordar la violencia en las regiones fronterizas con Guatemala. A un año del inicio de la actual administración, se observa un aumento alarmante de desapariciones forzadas, desplazamientos internos y transfronterizos, y la persistencia de grupos armados, todos indicativos de un escenario de violencia más complejo que el presentado en los discursos oficiales.
El informe subraya que, a pesar de los anuncios de una "nueva" estrategia de seguridad y una campaña de comunicación que enfatiza la reducción de ciertos delitos, la realidad en la región sugiere un enfoque de control social más que un verdadero avance hacia la paz. Se destaca la creación de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), un cuerpo de élite con un fuerte componente militar, que ha sido destacado en operativos contra grupos criminales, incluyendo la muerte de Baldemar Calderón Carrillo, un importante líder del crimen organizado.
Las organizaciones firmantes del informe advierten que esta militarización de la frontera no solo eleva las tensiones diplomáticas, sino que también pone en riesgo a la población civil, aumentando los casos de violaciones a derechos humanos como la privación arbitraria de la libertad. En resumen, a pesar de los esfuerzos gubernamentales, la situación de seguridad en Chiapas parece haber empeorado, revelando la necesidad de una revisión profunda y auténtica de las estrategias utilizadas para abordar la violencia.