El Congreso de Chiapas ha tomado una importante medida al aprobar reformas al Código Penal que tipifican la cohabitación forzada de menores de 18 años como un delito. Esta nueva legislación busca combatir la alarmante práctica de uniones infantiles, las cuales a menudo son justificadas por "usos y costumbres" en comunidades rurales e indígenas.
Con una amplia mayoría de 37 votos a favor y solo uno en contra, la reforma establece penas de prisión que van de 8 a 15 años, así como multas que oscilan entre mil y dos mil 500 días de salario mínimo. Además, se ha dispuesto que las sanciones serán más severas si la víctima pertenece a comunidades indígenas o grupos afromexicanos, como una forma de brindar mayor protección a aquellos que enfrentan circunstancias de vulnerabilidad.
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Alejandra Gómez Mendoza, señaló que la ley penaliza a cualquier individuo que tenga un papel en la coerción o inducción de un menor a estas uniones, así como a quienes cohabiten con menores no capacitados para entender la situación.
La urgencia de esta reforma se justificó por recientes casos críticos, como el de una niña tzotzil de 14 años, cuyo embarazo de alto riesgo generó gran preocupación y evidenció una problemática más amplia y estructural, tal como ha denunciado la colectiva feminista 50 más 1. Esta iniciativa es un paso hacia la protección de los derechos de los menores y la erradicación de prácticas nocivas en la región.