El caso de Asael Hernández Cerón, diputado federal por Hidalgo, ha generado controversia debido a su llegada al cargo a través de la acción afirmativa indígena, a pesar de no pertenecer a una comunidad indígena. Sus propiedades, que incluyen dos edificios, cuatro casas y seis terrenos, así como vehículos y participaciones empresariales, han sido objeto de escrutinio, especialmente considerando que acreditó su supuesta pertenencia étnica mediante un oficio de una comunidad que no se encuentra en su región de origen.
La validación de su candidatura y diputación por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) plantea serias dudas sobre los criterios de elegibilidad para este tipo de representación, que busca otorgar voz a las comunidades indígenas. Además, la falta de transparencia en sus declaraciones patrimoniales, que no especifican el valor real de sus propiedades ni los detalles de las modificaciones realizadas en el último año, refuerza las sospechas sobre la conveniencia de su perfil en el ámbito político.
Desde su primer cargo como alcalde en Tezontepec de Aldama, Hernández ha acumulado un patrimonio significativo a través de su carrera pública de 15 años, lo que genera inquietudes sobre la conjunción de intereses políticos y económicos en su trayectoria. Este incidente pone en relieve la importancia de revisar y fortalecer las normativas relacionadas con la representación indígena en la política mexicana, así como la necesidad de mayor transparencia en la declaración de bienes de los funcionarios públicos.