El empresario mexicano Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol ha sido objeto de atención mediática y judicial tras la revocación de su visa por parte del gobierno de Estados Unidos. Esta acción se enmarca en un contexto de serias acusaciones relacionadas con lavado de dinero, corrupción y la obtención de contratos públicos en México, lo que ha suscitado interrogantes sobre su influencia en el ámbito político y empresarial.
Margolis es conocido por su participación en negocios de blindaje, arrendamiento vehicular e inmobiliario. Se ha visto involucrado en investigaciones que sugieren un posible uso de la firma Epel LLC, registrada en Florida, para realizar transferencias de activos entre México y Estados Unidos de manera clandestina. Entre 2019 y 2024, Epel obtuvo alrededor de 55 contratos públicos, muchos de ellos sin licitación, incluyendo un contrato significativo de 240 millones de pesos con la Guardia Nacional.
A pesar de los graves señalamientos, no ha habido acciones judiciales destacadas en México contra él, lo que ha llevado a cuestionar la eficacia de las instituciones en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero en el país. La situación de Margolis refleja un patrón de impunidad en el que individuos vinculados a redes de corrupción pueden operar sin grandes repercusiones legales.
La decisión del gobierno estadounidense de cancelar su visa podría ser un indicativo de la preocupación por sus actividades, pero también pone de relieve la necesidad de que las autoridades mexicanas actúen frente a los casos de corrupción y mal manejo de recursos públicos que se han documentado.