La situación de Daniel Esquenazi Beraha resalta un entramado complejo entre el sector privado y el público en México, donde el vínculo entre negocios, política y servicios de seguridad se manifiestan de manera significativa. Como arquitecto y cabildero, su influencia en contratos millonarios sugiere una posible colusión entre intereses empresariales y gubernamentales.
Esquenazi está vinculado a importantes operaciones que involucran contratos públicos relacionados con la seguridad, así como la compra de terrenos ejidales y desarrollos turísticos. Uno de los aspectos más controvertidos es su conexión con la propiedad de una lujosa vivienda en Texas, que ahora es hogar de la familia del exgobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.
La investigación de POPLab y Connectas revela que Esquenazi es firmante en los documentos relacionados con la compra de esta propiedad a través de una empresa registrada en Colorado. Además, el préstamo hipotecario que gestionó plantea interrogantes sobre la naturaleza de la transacción, dado que se trata de una “segunda vivienda”, lo que implica un uso restringido.
Es especialmente notable el papel de Seguritech, la empresa de seguridad en la que Esquenazi sigue desempeñando un papel crítico, a pesar de las afirmaciones de que su relación con la firma había terminado. Su presencia en trámites y negociaciones en el ámbito municipal refuerza la percepción de que continúa influyendo en la gestión de contratos de seguridad en Guanajuato, algo que provoca preocupaciones sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de recursos públicos.
Este caso pone de manifiesto las dinámicas de poder que operan en el entorno de los contratos gubernamentales en México, donde los límites entre lo público y lo privado pueden ser difusos, y a menudo, las decisiones en política pública podrían estar más alineadas con intereses empresariales que con el bienestar general.