En Coahuila, se están considerando medidas para abordar el problema del desplazamiento forzado que afecta a diversas familias que llegan al estado. Alberto Xicoténcatl Carrasco, defensor de los derechos de los migrantes y director de la Casa del Migrante en Saltillo, destacó que, además de migrantes extranjeros, se está atendiendo a ciudadanos mexicanos desplazados principalmente de estados del sureste y centro del país. Esta situación se ha intensificado por la violencia del crimen organizado en lugares como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como por desastres naturales en otras regiones.
Carrasco mencionó que, debido a la eliminación del Fondo Nacional de Desastres, los estados enfrentan dificultades para brindar apoyo a las personas afectadas. Además, muchos de estos desplazados llegan sin documentos de identidad, lo que complica su acceso a programas sociales, que requieren identificación con domicilio en Coahuila.
Como parte de una respuesta institucional, se llevaron a cabo diálogos con representantes del gobierno de Coahuila y la Agencia de la ONU para los Refugiados, con el objetivo de desarrollar estrategias para atender las necesidades de la población desplazada y migrante. Se está explorando la posibilidad de crear una ley que proteja a las personas desplazadas internamente, haciendo hincapié en la necesidad de un marco legal que apoye a quienes llegan en situaciones vulnerables y sin los documentos necesarios para acceder a ayudas sociales.