Esta noticia informa sobre un conflicto legal entre la empresa AP American Protective, SA de CV y el Gobierno de la Ciudad de México, representado actualmente por la jefa de Gobierno, Clara Brugada. La empresa reclama el pago de una deuda de más de dos millones de dólares, que data de un contrato firmado en 1999 por la compra de chalecos antibalas para la policía de la Ciudad de México.
El representante legal de la empresa, Ysolino Antón González, ha solicitado al juez que obligue al gobierno a cumplir con el pago, ya sea mediante una carta de crédito o un pago directo en pesos conforme al tipo de cambio actual, lo que equivaldría aproximadamente a 34 millones de pesos.
A pesar de varias sentencias que han confirmado la deuda y han ordenado su pago, el gobierno de la Ciudad ha presentado múltiples recursos y justificaciones para evitar cumplir con el contrato, argumentando que ya no tiene acceso a los recursos necesarios. Se menciona que el banco que debía emitir la carta de crédito ya no existe, lo que complica la situación.
El asunto ha estado en curso durante 25 años, y las administraciones de la Ciudad de México han sido multadas varias veces por no cumplir con la sentencia. El reciente cambio en la jefatura de gobierno a Clara Brugada ha reactivado este reclamo, y ahora la empresa busca que se inicie un proceso de embargo si no se efectúa el pago.
En resumen, esta situación refleja un largo proceso judicial en el que una empresa busca recuperar un pago pendiente por un contrato, mientras que el gobierno local enfrenta dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras.