El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014, ha sido un tema de profunda angustia y lucha para sus familias durante más de una década. A pesar de los cambios de gobierno y la promesa de búsqueda y justicia, los familiares continúan enfrentando una dura realidad de impunidad y falta de respuestas concretas.
Los padres han navegado por tres administraciones presidenciales sin obtener avances significativos. La administración de Enrique Peña Nieto les brindó una narrativa que más tarde fue desmentida por expertos internacionales. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, hubo un destello de esperanza al recibir promesas de justicia y la voluntad de investigar, pero estas intenciones se han visto frustradas por la falta de colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional y la opacidad en la información. El descontento de las familias ha crecido, especialmente debido a la inacción en cuestiones críticas como la entrega de documentos clave y la investigación de actores involucrados.
La lucha de los padres no solo se centra en la búsqueda de sus hijos, sino también en la exigencia de rendición de cuentas a las autoridades y la necesidad de investigar a aquellos que, en sus posiciones de poder, han obstaculizado el camino hacia la verdad y la justicia. Aún esperan respuestas sobre el paradero de sus seres queridos, así como una investigación exhaustiva que permita cerrar este capítulo trágico en la historia de México.