La controversia en torno a la reciente licitación de Caminos y Puentes Federales (Capufe) pone de relieve las preocupaciones en torno a las llamadas "puertas giratorias", donde exfuncionarios públicos transitan al sector privado, generando dudas sobre la transparencia en los procesos de contratación pública.
La licitación LA-09-J0U-009J0U001-N-91-2025, destinada al mantenimiento de equipos de peaje y telepeaje, dejó siete partidas desiertas, lo que ha suscitado inquietud entre los participantes. El hecho de que una de las empresas descalificadas, Controles Electromecánicos, haya sido un proveedor recurrente de Capufe durante más de 20 años añade un nivel de complejidad al asunto.
El Órgano Interno de Control (OIC) ha recibido un recurso de inconformidad relacionado con este proceso, pero hasta ahora no ha suspendido el contrato adjudicado, lo que significa que la ejecución continua mientras se revisan las quejas. Las fuentes anónimas indican que existe preocupación porque la empresa inconforme podría intentar obtener contratos mediante adjudicación directa para las partidas desiertas, lo que ampliaría aún más el espectro de la polémica.
Además, el rol de Nayeli Ángeles Zúñiga, subdirectora de Tecnologías de la Información en Capufe y su vinculación con exfuncionarios, como Óscar de Buen Richkarday, plantea preguntas sobre la posible influencia y los intereses en juego dentro del proceso de contratación. Esta situación resalta la necesidad de vigilancia y transparencia en las contrataciones gubernamentales para evitar conflictos de interés y garantizar la competitividad y equidad en las licitaciones.