En Toluca, Estado de México, se ha reportado que habitantes de varios municipios sufren desabasto de agua potable y, debido a esto, deben recurrir a comprar el agua a través de pipas que operan de manera ilícita, pagando hasta un 60% más de lo que costaría el agua regulada. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha identificado que estas redes de venta ilegal son operadas por organizaciones que actúan bajo la fachada de sindicatos, así como comisariados ejidales y particulares, con el presunto apoyo de algunas autoridades.
El costo promedio regulado del agua es de mil 131 pesos por cada 10 mil litros para uso doméstico, pero se han observado sobrecostos significativos en diferentes regiones: por ejemplo, un 59% más en Ecatepec, un 41.4% en Cuautitlán, y un 32.42% en Tlalnepantla. Además, el agua extraída de pozos clandestinos no es potabilizada adecuadamente, lo que puede representar un riesgo para la salud pública.
Las operaciones de distribución del agua implican prácticas de acaparamiento y extorsión, donde los ciudadanos son obligados a comprar agua únicamente a transportistas de organizaciones específicas, cuyos vehículos están identificados con logotipos y calcomanías.
En una intervención llamada “Operación Caudal”, llevada a cabo recientemente, las autoridades han asegurado varios pozos y tomas de agua clandestinas, así como un número considerable de pipas y vehículos. Se reportaron detenciones de individuos por diversos delitos, incluidos aquellos relacionados con el servicio público y la distribución de agua.