El informe de Amnistía Internacional resalta la grave situación que enfrentan las personas refugiadas y migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos debido a las políticas de inmigración implementadas durante la administración de Donald Trump. La organización denuncia que estas políticas han llevado a la "demolición total del derecho al asilo" y han creado un ambiente hostil para quienes buscan refugio.
Durante una visita a Tijuana, Baja California, en febrero, Amnistía Internacional entrevistó a migrantes de diversas nacionalidades que expresaron su desesperación y precariedad en un contexto donde las aplicaciones para solicitar asilo, como CBP One, han fallado, dejando a muchas personas en un limbo, incluidas familias con niños no acompañados.
El informe también enfatiza la necesidad urgente de que el gobierno mexicano, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, cese su cooperación con las políticas migratorias de Estados Unidos y adopte medidas para garantizar la seguridad y protección de los solicitantes de asilo en el país.
La organización concluyó que el derecho a solicitar asilo ha sido prácticamente anulado en la frontera, poniendo en riesgo a múltiples personas en situación de vulnerabilidad. Además, se mencionó que las organizaciones que trabajan con migrantes en la región también enfrentan la posibilidad de represalias por parte de las autoridades estadounidenses. En general, Amnistía Internacional condena la situación actual como una violación grave de los derechos humanos de las personas en movimiento.