El acceso a la justicia para deportistas que sufren maltrato y violencia por parte de entrenadores en México se enfrenta a una serie de obstáculos legales y estructurales que dificultan la resolución de estas situaciones. La ausencia de normativas claras sobre el comportamiento de estos entrenadores, que a menudo no son considerados servidores públicos a pesar de recibir compensación económica de recursos federales, crea un vacío que deja a los atletas vulnerables sin las herramientas necesarias para denunciar y buscar justicia.
El caso de la nadadora artística Teresa Alonso es un claro ejemplo de este problema. A pesar de haber denunciado el hostigamiento y maltrato que sufrió a manos de su entrenadora, los mecanismos disponibles, como la queja ante el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred), no lograron proporcionar justicia, ya que no se pudo acreditar el daño sufrido. Esta situación pone de manifiesto la urgencia de establecer protocolos y mecanismos de sanción aplicables a entrenadores y otros profesionales del deporte, quienes actualmente carecen de supervisión efectiva debido a su clasificación como "prestadores de servicios" o "becarios".
La psicóloga Mariana Limón, quien trabajó en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), destaca que se necesita una regulación más adecuada que contemple las diversas modalidades de contratación en el deporte. Crear un marco que considere las conductas inapropiadas y permita la aplicación de sanciones es vital para proteger a los atletas y garantizar un entorno seguro y justo en el ámbito deportivo.
Este contexto refleja una realidad más amplia en México, donde la impunidad prevalece en más del 90% de los casos denunciados, indicando una falta de confianza en el sistema de justicia y la necesidad de reformas significativas para asegurar que se tomen en serio las denuncias de maltrato y violencia en el deporte.