La violencia en México, especialmente en regiones controladas por grupos del crimen organizado, ha afectado gravemente a diversas industrias, incluido el sector citricultor. El caso de Bernardo Bravo Manríquez, un empresario limonero de 35 años y presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, es un trágico ejemplo de esta problemática.
Bravo Manríquez fue encontrado muerto en su vehículo tras haber sido secuestrado. Su secuestro ocurrió después de recibir una llamada que lo citaba a una reunión relacionada con las extorsiones que sufren los productores de limón en la región. Su asesinato marca un alarmante patrón, ya que es el tercer productor limonero asesinado en menos de un año por denunciar extorsiones y la inacción de las autoridades ante este flagelo.
El crimen organizado, en este caso el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha impuesto una serie de extorsiones a los limoneros, obligándolos a pagar "cobro de piso" que puede alcanzar hasta dos pesos por kilo de limón. La situación ha generado protestas entre los productores, quienes han expresado su desesperación por la caída del precio del limón y la falta de seguridad y apoyo por parte del gobierno.
Bernardo Bravo también se había pronunciado públicamente en contra de estas prácticas, participando en manifestaciones donde los citricultores arrojaron toneladas de limón en las calles para visibilizar su lucha. Se planeaban más protestas en las fiestas de octubre de Apatzingán, donde los productores pretendían hacer un llamado a la atención sobre la crisis que enfrentan.
Este caso resalta la compleja y peligrosa intersección entre la economía local, la violencia del crimen organizado y la falta de respuesta efectiva de las autoridades, lo que ha llevado a un estado de inseguridad creciente para los productores y comunidades en la región de Tierra Caliente.