La situación en Teuchitlán, Jalisco, ha generado una creciente preocupación tanto a nivel nacional como internacional. A cinco meses de la perturbadora revelación de restos humanos calcinados en el Rancho Izaguirre, el gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, aún no ha respondido a las solicitudes de información y supervisión emitidas por los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas.
En junio, diversos grupos de trabajo y relatorías especiales de la ONU urgieron a las autoridades a proporcionar un informe detallado sobre los avances en la investigación del caso, así como sobre las medidas de protección para los defensores de derechos humanos y las reformas legislativas necesarias en el contexto de desapariciones forzadas. Sin embargo, esta comunicación, enviada a la presidenta y a otras autoridades relevantes, ha quedado sin respuesta.
El documento divulgado el 13 de agosto por distintas oficinas de la ONU resaltó la importancia de resguardar adecuadamente los restos encontrados, con el objetivo de identificar a las víctimas y entregar sus restos de manera digna a sus familias. Los expertos señalaron que el Rancho Izaguirre presuntamente funcionaba como un sitio de reclutamiento forzado vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde se habrían cometido graves violaciones a los derechos humanos.
Las preocupaciones manifestadas por los especialistas también se centraron en la existencia de lo que parecen ser hornos crematorios en el rancho y las aparentes omisiones de la Fiscalía de Jalisco en las inspecciones realizadas en septiembre de 2024. Este contexto pone de relieve la urgencia de que las investigaciones sean realizadas con el rigor y la transparencia necesarios, no solo para identificar a los autores materiales de estos crímenes, sino también a aquellos que podrían haber facilitado o encubierto dichos actos a través de su conducta.
La situación refleja una crisis de derechos humanos en el país, donde la falta de respuesta y acción efectiva por parte del Estado es motivo de alarma para los familiares de las víctimas y la comunidad internacional, cuya presión podría ser crucial para lograr justicia y verdad en un entorno tan complejo.