Familiares de 133 personas que están privadas de la libertad y que fueron trasladadas del Cereso de Atlacholoaya a diferentes penales del país, llevaron a cabo un plantón simbólico frente al Tribunal Superior de Justicia de Morelos. Durante esta manifestación, solicitaron una audiencia con el magistrado presidente, Juan Emilio Elizalde, exigiendo el cumplimiento de una orden judicial que instruye el regreso de sus familiares a su lugar de origen.
Las familias expresaron su angustia debido a las repercusiones que han tenido estos traslados, los cuales califican de ilegales, impactando negativamente en aspectos familiares, sociales, emocionales y económicos. Recordaron que el 8 de marzo de 2024 se realizó el traslado a varios centros penitenciarios en estados como Michoacán, Durango, Guanajuato y Sinaloa, dificultando el contacto regular con sus seres queridos.
Se mencionó que los abogados defensores han interpuesto recursos de apelación, pero hasta la fecha no han obtenido avances significativos. En su pronunciamiento, los familiares detallaron cuatro demandas específicas: la atención personal del magistrado Elizalde; una explicación sobre la decisión del magistrado Javier Mújica Díaz, quien determinó que el traslado no se llevaría a cabo mientras se resuelva la apelación; información clara y actualizada sobre el proceso; y una propuesta para facilitar el contacto con los internos durante la resolución de la apelación.
A pesar de que la gobernadora Margarita González Saravia ha manifestado su apoyo para mantener a los internos cerca de sus familias, las familias aseguraron que su situación es contraria a esto. Manifestaron que muchos deben realizar largos viajes, que pueden durar de uno a dos días, lo que les impide visitar con frecuencia a sus seres queridos debido al alto costo económico que implican estos desplazamientos, que pueden superar los cuatro mil pesos por viaje.
Asimismo, denunciaron las dificultades que enfrentan para mantener los lazos familiares y expresaron su frustración por ser señalados y estigmatizados, a menudo siendo injustamente vinculados con grupos delictivos sin pruebas concretas. Resaltaron que sus historias parecen ser tratadas con un patrón similar en todos los casos, lo que aumenta su angustia y desconcierto ante la situación que enfrentan.