El ascenso de Hugo Aguilar Ortiz como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha suscitado reacciones encontradas entre las comunidades indígenas de México. Aunque su lema de campaña llamó a una mayor participación de estos pueblos en las decisiones del país, varios activistas y representantes de comunidades indígenas han expresado su descontento y preocupación acerca de su trayectoria y de los proyectos a los que ha estado vinculado.
A pesar de su pasado como defensor de los derechos indígenas, muchos critican su rol en la administración de Andrés Manuel López Obrador, acusándolo de haber legitimado políticas que consideran perjudiciales para sus comunidades, como el Corredor Interoceánico y el Tren Maya. Según estas voces, su participación en estas iniciativas ha significado un despojo y la imposición de megaproyectos en lugar de un verdadero apoyo a las comunidades originarias.
Activistas como Joaquín Galván y Mario Quintero han señalado que, aunque Aguilar es un abogado capacitado, su trabajo ha estado más alineado con los intereses estatales que con las necesidades de las comunidades indígenas. Se menciona que las consultas que promovió fueron más bien una "burocratización del despojo", ya que no cumplían con los estándares de ser libres, previas e informadas.
Miguel Ángel Aguirre destaca que Aguilar tiene una responsabilidad con las comunidades, especialmente en lo que respecta a la implementación de sentencias que favorecen sus derechos territoriales. Estos cuestionamientos se ven reflejados también en denuncias más graves sobre la integridad de su equipo, que incluye acusaciones sobre intentos de silenciar denuncias de acoso sexual dentro del INPI, lo que ha generado una mayor indignación.
En resumen, la figura de Hugo Aguilar Ortiz, aunque celebrada por algunos en el seno del gobierno, se enfrenta a un fuerte rechazo por parte de sectores de las comunidades indígenas que sienten que su ascenso ha sido a expensas de sus derechos y territorios.