El caso de los niños y niñas nahuas de Cochoapa el Grande es un claro ejemplo de la lucha por el derecho a la educación en comunidades marginadas de México. A través del trabajo de padres de familia y el apoyo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, se logró que una jueza ordenara al gobierno de Guerrero asignar maestros de manera permanente a la Escuela Secundaria Técnica 295 "Sor Juana Inés de la Cruz".
La situación en Cochoapa el Grande, que se identifica como el municipio más pobre del país, pone de manifiesto los desafíos que enfrentan las comunidades indígenas y los estragos de décadas de desatención y discriminación. A pesar de las constantes solicitudes de los padres para obtener docentes para sus hijos durante dos años, la falta de respuesta por parte de las autoridades era una clara señal de la marginalización que enfrentaban.
El fallo de la jueza Maribel Castillo Moreno representa no solo un avance en términos legales, sino también un hito para la comunidad, que había tenido que recurrir a medidas extremas, como endeudarse, para exigir atención a un derecho fundamental: la educación. Si el gobierno estatal no cumple con la orden de asignar docentes, se enfrentarán a sanciones económicas y administrativas, lo cual pone presión sobre las autoridades para que actúen en favor de los derechos de los niños y las niñas de la región.
Esta victoria legal es emblemática de la importancia de la acción colectiva y la denuncia de la desigualdad educativa en las zonas rurales y marginadas de México, donde el acceso a una educación de calidad sigue siendo un reto significativo.