El desalojo forzoso de los vecinos del edificio ubicado en Cuba 11, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, ha generado una fuerte ola de protestas. A una semana del desalojo, los residentes cortan la circulación en la calle como un acto de resistencia y para exigir que el inmueble continúe siendo un espacio de vivienda. A pesar de haber recibido apoyo temporal para hospedaje, los vecinos denuncian que el gobierno local aún no ha cumplido con el prometido apoyo económico de cuatro mil pesos por familia que les ayudaría a encontrar una nueva vivienda.
La situación se agravó cuando en la madrugada del 27 de agosto de 2025, los vecinos fueron desalojados sin previo aviso a través de un proceso judicial en el que no pudieron defender sus derechos. Este desalojo se originó a raíz de una disputa legal entre dos mujeres desconocidas para los vecinos, que no habían participado en el juicio que determinó la desposesión. Tras una sentencia rápida a favor de una de las partes, los inquilinos, que alegan tener vínculos profundos con el lugar, quedaron en una situación de vulnerabilidad y desamparo, enfrentando el desafío de recuperar su patrimonio y asegurar un lugar donde vivir.