El gasoducto Mayakan-Engie seguirá operando a pesar de las preocupaciones de los vecinos del fraccionamiento Gran Calzada en Umán, Yucatán, quienes han expresado temores por la seguridad debido a la proximidad de sus viviendas al booster de extracción de gas natural. La jueza Mercedes del Sol Hernández Cetina, de la Justicia Federal en Yucatán, decidió no conceder la suspensión definitiva solicitada por los residentes, alegando que dicha suspensión podría privar a la colectividad de un beneficio esencial: el suministro de gas natural para la generación de electricidad en la Península de Yucatán.
Los vecinos, representados por el colectivo Yucatán X Energía Segura, critican esta decisión, considerándola un agravio a sus derechos humanos y una desestimación del riesgo que enfrentan día a día. Argumentan que el enfoque del Poder Judicial prioriza la generación de energía sobre su seguridad personal, llevando a una situación donde deben "aguantar" el potencial peligro de una explosión.
El proyecto de ampliación del gasoducto, que se firmó en un convenio entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Energía Mayakan de Engie en 2024, implica una considerable expansión de la capacidad de transporte de gas natural, elevándola de 250 a 567 millones de pies cúbicos diarios y abarcará varios estados del sureste mexicano.
Esta situación refleja un conflicto común en el ámbito de la energía y el desarrollo, donde las necesidades de infraestructura y el bienestar de las comunidades afectadas a menudo se encuentran en tensión.