La reforma al Infonavit, aprobada por Morena y sus aliados sin el respaldo de la oposición, permite al gobierno acceder a los recursos de la Subcuenta de Vivienda de los derechohabientes. Estos fondos podrán ser utilizados para invertir en una empresa filial que tiene como objetivo adquirir terrenos y construir viviendas dirigidas a los trabajadores.
Durante la discusión en el Senado, los intentos de la oposición por modificar la propuesta no tuvieron éxito, manteniéndose intactos los cambios realizados previamente en la Cámara de Diputados. La reforma fue aprobada con 71 votos a favor, 36 en contra y dos abstenciones.
Uno de los puntos controversiales del artículo 42 de la reforma permite al patrimonio del Instituto y a los rendimientos del Fondo Nacional de la Vivienda ser destinados, con acuerdo del Consejo de Administración, al financiamiento de proyectos relacionados con la construcción, administración y arrendamiento social de vivienda.
Además, se estableció que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se encargará de la fiscalización del Infonavit, garantizando que se revise la administración y el patrimonio del Instituto. La reforma también instituyó un carácter tripartito en la estructura del Infonavit, donde el Consejo de Administración estará compuesto por 12 miembros: cuatro designados por el gobierno federal, cuatro por los trabajadores y cuatro por los empresarios, asegurando así representación equitativa en la toma de decisiones.