La Cámara de Diputados de México aprobó una reforma a la Ley de Extorsión que incrementa las penas de cárcel para este delito, elevándolas de 15 a 20 años, con posibilidades de llegar hasta 42 años en casos con agravantes. La norma recibió el apoyo de 450 legisladores y busca unificar el marco jurídico para combatir la extorsión en todo el país, permitiendo investigaciones de oficio y denuncias anónimas.
La reforma también contempla sanciones para servidores públicos que no reporten la extorsión, con penas de 10 a 20 años, así como castigos de 6 a 12 años para quienes introduzcan ilegalmente dispositivos electrónicos en los centros penitenciarios. Este proyecto, que había sido modificado en 20 artículos en el Senado, ahora espera la promulgación de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Durante la discusión, aunque hubo consenso entre los partidos, el diputado panista Marcelo de Jesús Torres Cofiño generó controversia al criticar que sus propuestas de cambio fueron ignoradas por el oficialismo y finalmente aceptadas en el Senado.