La detención del luchador social Renato Romero ha sido interpretada como un acto de intimidación por parte del gobierno de Alejandro Armenta, según denuncias del abogado y activista Juan Carlos Solís. Durante un mitin en Cholula, Solís acusó que esta acción busca desincentivar la resistencia de las comunidades contra el acaparamiento de agua en la región cholulteca y favorecer a la empresa Aguas de Puebla, ligada a intereses empresariales de la familia Hank Rhon.
Romero fue arrestado junto a otros dos pobladores de Xoxtla, que se oponen a la entrega de más agua de su localidad a la concesionaria, el 1 de julio, día que coincidió con la celebración de un Cabildo Abierto en Nealtican en el que se reclamaba la no renovación de la concesión a Aguas de Puebla y el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP). Solís destacó que la rapidez con la que actuó la Fiscalía General del Estado (FGE) para integrar la carpeta de investigación y solicitar órdenes de aprehensión por delitos menores, como despojo y daño en propiedad ajena, muestra que hay un trasfondo político en el caso.
Además, el abogado recordó las promesas del actual gobierno morenista de revertir concesiones de agua y criticó que la acción contra Romero contradice esta postura. Las comunidades de Xoxtla y Nealtican han denunciado que la concesionaria se beneficia económicamente mientras la población local enfrenta dificultades en el acceso al agua, que se destina a proyectos inmobiliarios y a la industria, en vez de abastecer a la comunidad.