El reportaje de Proceso sobre la situación en Michoacán revela una alarmante realidad en el contexto del crimen organizado y los asesinatos recientes que han sacudido a la comunidad. La ola de violencia, marcada por los homicidios de figuras como Bernardo Bravo, Alejandro Torres Mora y Carlos Manzo Rodríguez, pone de manifiesto un ambiente de impunidad y terror que afecta no solo a los afectados en estos casos específicos, sino a toda la población.
La implicación de jóvenes y niños en actividades delictivas es un aspecto particularmente preocupante. La transformación de estos jóvenes en "carne de cañón" del crimen organizado no solo expone su vulnerabilidad, sino que también refleja una estrategia sistemática de los cárteles para mantener su poder, utilizando a los más jóvenes para llevar a cabo las tareas más riesgosas. Estos jóvenes, que son reclutados a menudo en situaciones de pobreza y falta de oportunidades, son entrenados para realizar delitos menores que eventualmente los pueden llevar a escalas mayores dentro de la estructura delictiva.
El hecho de que el alcalde de Uruapan haya sido asesinado por un joven de entre 17 y 19 años es un claro indicativo de que el fenómeno de la violencia en Michoacán está profundamente arraigado y se perpetúa a través de la explotación de la juventud. La violencia se convierte en una forma de vida y, al mismo tiempo, en un ciclo del que es difícil escapar. La gravedad de la situación exige una respuesta integral que no solo aborde la violencia en sí misma, sino que también trabaje en las raíces sociales y económicas que permiten que el crimen organizado prospere.