La senadora Lilly Téllez, perteneciente al Partido Acción Nacional (PAN), ha presentado una propuesta de reforma constitucional que busca establecer la obligatoriedad de realizar exámenes toxicológicos a todos los titulares de cargos de elección popular en México, abarcando los niveles federal, estatal, municipal y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.
El objetivo de esta iniciativa es asegurar que los representantes elegidos para gobernar lo hagan en condiciones que garanticen su capacidad de decisión, responsabilidad y un firme compromiso con el servicio público. Para llevar a cabo los exámenes, se propone que sean realizados por instituciones de salud, siguiendo protocolos médicos que respeten la dignidad y los derechos humanos de las personas, evitando así cualquier forma de uso arbitrario o estigmatización.
Uno de los puntos destacados de la propuesta es la transparencia; los resultados de los exámenes serían públicos, permitiendo que la ciudadanía conozca las condiciones en las que operan quienes ocupan cargos de poder. En cuanto a las consecuencias del incumplimiento de esta obligación, se plantean sanciones que podrían ir desde la suspensión temporal de sueldos hasta la pérdida definitiva del cargo público.
Finalmente, la senadora enfatiza que el costo de estos exámenes no debe ser cargado al presupuesto público, sino que debe ser asumido por los propios servidores públicos, de manera que esta medida no genere una carga adicional a la ciudadanía. Esta iniciativa busca promover una mayor responsabilidad y transparencia en el ejercicio del poder público en México.