El 22 de agosto de 2010, el descubrimiento de 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas, puso de relieve la grave violencia que sufren las personas que intentan cruzar México hacia Estados Unidos. Esta masacre, perpetrada por el grupo criminal Los Zetas, dejó sin vida a migrantes de varios países de América Latina, quienes fueron ejecutados tras negarse a trabajar para el cártel. Desde entonces, este trágico evento ha marcado un sinnúmero de discusiones sobre la vulnerabilidad de los migrantes en México y la falta de justicia en sus casos.
A pesar de que han pasado 15 años, organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, informan que el caso sigue sin resolverse. Muchos de los responsables siguen sin ser procesados y las familias de las víctimas continúan demandando verdad y justicia. Olivia Lemus, exvisitadora adjunta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha señalado que el Estado mexicano tiene una "deuda histórica" con las víctimas y con todos aquellos que se encuentran en contextos migratorios.
Lemus destaca que, lamentablemente, las condiciones para los migrantes no han mejorado con el tiempo, resaltando que estas personas siguen siendo vistas como criminales y vulnerables a la explotación y la violencia del crimen organizado. La situación de los migrantes es un reflejo de las fallas en el respeto y la protección de sus derechos humanos fundamentales, lo que plantea un desafío continuo para la sociedad y el gobierno mexicano.