El trágico hallazgo de 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas, el 22 de agosto de 2010, marcó un hito en la violencia que enfrentan los migrantes en México. La ejecución de estos hombres y mujeres, que provenían de diferentes países de América Latina y que fueron asesinados por negarse a colaborar con el grupo criminal Los Zetas, puso de relieve la grave situación de vulnerabilidad que enfrentan los migrantes en su trayecto hacia Estados Unidos.
A pesar de que han pasado 15 años desde esa horrenda masacre, el caso continúa sin resolverse, y las organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, subrayan que muchos de los responsables aún no han sido llevados ante la justicia. Las familias de las víctimas continúan demandando verdad, justicia y reparación por los crímenes cometidos.
Olivia Lemus, exvisitadora adjunta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Reynosa, enfatiza que el Estado mexicano tiene una "deuda histórica" con las víctimas y con todos los migrantes que buscan oportunidades de vida digna. A pesar del paso del tiempo, las condiciones para los migrantes no han mejorado significativamente. La criminalización de la migración persiste, y los derechos humanos de quienes cruzan el país siguen siendo violados de manera sistemática.
Lemus concluye que el fenómeno migratorio debe ser entendido desde una perspectiva de derechos humanos y no visto como un delito, resaltando que la memoria histórica de estos hechos no se olvida y que las luchas por justicia continúan.