La reciente aprobación de la Ley General de Extorsión en México ha generado un intenso debate, especialmente en lo que respecta a las sanciones impuestas a funcionarios públicos que no denuncian extorsiones. La propuesta de reserva presentada por Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, busca reducir las penas de cárcel para estos funcionarios, estableciendo un rango de 5 a 12 años, en contraposición a la propuesta original que planteaba penas de 10 a 20 años.
Monreal argumenta que las sanciones para los funcionarios que omiten informar sobre extorsiones no deberían ser más severas que las impuestas a los extorsionadores. Según sus palabras, esta reducción busca ser lógica y proporcional, dado que los extorsionadores enfrentarán sanciones de 6 a 15 años. La mayoría de los diputados aprobaron esta modificación, con un resultado de 339 votos a favor y solo 100 en contra, junto con 4 abstenciones.
No obstante, la oposición, particularmente el coordinador de la bancada del PAN, Elías Lixa, se mostró en desacuerdo, abogando por un aumento en las penas para los extorsionadores en lugar de una reducción para los funcionarios que no actúan. Lixa enfatizó la necesidad de sancionar con mayor severidad a aquellos que utilizan su posición de poder para coludirse con los criminales, sugiriendo que el enfoque debería estar en proteger la confianza pública y no en suavizar las penas para los funcionarios corruptos.
La discusión sobre esta ley pone de relieve las tensiones existentes en la política mexicana en torno a la corrupción y la impunidad, y plantea interrogantes sobre la efectividad de las políticas propuestas para combatir la extorsión y otros delitos relacionados.