Un nuevo esquema de tributación y distribución de ingresos para México

Por: Diana Jael Gómez Ángeles

Un nuevo esquema de tributación y distribución de ingresos para México

Hace algunos años, los gobernadores de los estados se reunieron con el Gobierno Federal a fin de firmar un Convenio de Coordinación Fiscal, que en palabras de mortales, significa que, después de muchas peleas sobre qué recaudaba qué orden de gobierno (federal, estatal o municipal), se consolidaría la retención de ciertos impuestos a través de la federación (como el IEPS y el IVA) y las entidades se quedarían con la retención de los impuestos considerados como locales (predial, nómina, tenencia etc).

De estos convenios, nace la Ley de Coordinación Fiscal en 1980, que, entre otras cosas, regula los medios bajo los cuales la federación “regresará” parte de estos recursos a las entidades federativas. Dichos instrumentos son conocidos como participaciones y aportaciones federales.

Las Participaciones federales son recursos ya “etiquetados” por la Federación, por ejemplo, Se envían 2,000 millones de pesos a Sonora para el sector salud (compréndase todo lo que a salud se puede referir en un estado: hospitales, medicamentos, sueldos de médicos, etc). En cuanto a las aportaciones federales, son recursos de libre asignación para el Estado, es decir un tipo de “mesada” anual; por ejemplo, Sonora recibe 2,000 millones de pesos y su Congreso Local puede asignarlo en su presupuesto anual a lo que decida: seguridad, educación, obras, etc.

Y entonces surge la duda humana de ¿por qué aceptaron las entidades darle su dinero a la federación? Primero, hay que responder que de esta forma se contribuía a sostener al Gobierno Federal entre todas las entidades; pero lo más importante, había estados que su nivel de ingresos y recaudación era tan bajo, que no podían sostenerse a sí mismos; Chiapas, Guerrero o Oaxaca, los estados que tenían el percentil más alto de acumulación de pobreza en nuestro país, y eran los que necesitaban mayores apoyos y mayor ayuda de la federación. Es así como se llegó a la conclusión de que, si entidades como la CDMX, Nuevo León, Estado de México recaudaban más de lo que “necesitaban”, la Federación podía actuar como contrapeso redistribuyendo los ingresos de los impuestos que más dinero recaudaban (porque son obligatorios para toda forma de comercio o empleo), y así, estas entidades podrían mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos.

Sin embargo, al renunciar a esta facultad, no pensaron los estados que, en determinado momento, el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda podría actuar coaccionándolos, reduciéndoles los recursos. Un claro y grave ejemplo fue lo que sucedió en 2018 con el Gobierno Estatal de Chihuahua encabezado por Javier Corral, quien al denunciar y actuar conforme a la Ley en contra de su antecesor priista César Duarte, hizo público que la SHCP, no había transferido 780 millones de pesos conforme a las participaciones y aportaciones generadas por impuestos como el IEPS por venganza política. Aunque al final la presión mediática ayudó a Javier Corral, ese escenario se ha repetido y se repite hasta el día de hoy: gobiernos afines reciben las transferencias en tiempo y forma, gobiernos de oposición suelen encontrar más trabas.

También es correcto señalar que, este tipo de acciones por parte de la SHCP ha sido observada en reiteradas ocasiones por la ASF, con el fin de desalentar este tipo de prácticas… aunque parece no funcionar.

Bueno, todo esto viene a raíz de que, a más tardar en agosto próximo, según lo señaló el Diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), la Cámara de Diputados concluirá una serie de mesas de trabajo que pretende reformar el esquema de colaboración entre entidades federativas y federación. Entre los temas que se abordarán, está la redistribución de las aportaciones y participaciones a los estados, los impuestos recaudados y el sistema de pensiones.

Cabe señalar que es un escenario sumamente complicado, pues nuestro país, al menos para este año, estimó en su Ley de ingresos 3,533,031.1 mdp por concepto de impuestos, que representan un poco más de la mitad de lo que se necesita para el ejercicio fiscal 2021: 6,295,736.2 mdp. ¿de donde viene el resto? Pues de vender cosas del Estado entendido como Productos (como lo hace la actual administración, mientras que no se acabe que vender), derechos (como lo son los pasaportes), aprovechamiento (multas) y claro, deuda.

Entonces, si la cobija es tan pequeña para 32 entidades, ¿de donde saldrá el dinero que necesitamos? Esta administración se “comprometió” a no aumentar los impuestos, y estoy de acuerdo con ellos. No se trata de aumentar, sino de analizar el espectro de contribuyentes y proponer la progresividad fiscal, y por progresividad no entendamos que pague más la clase media y de ahí para abajo (como en la reforma de 2014), si realmente se quiere comprometer a cambiar la situación de los mexicanos, debe cobrar impuestos al percentil de ingresos más alto, ahí es donde más evaden, ahí es donde más riqueza a costa de la nación generan. No se trata de nuevos impuestos a las plataformas digitales o servicios de internet que operan desde el extranjero, es cobrar lo justo, con base en lo que cada ciudadano tiene.



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