El artículo informa sobre la demanda de organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, que exigen la liberación inmediata de cinco defensores indígenas tseltales de San Juan Cancuc, que están detenidos arbitrariamente desde hace más de tres años. Este caso ha sido señalado por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, que considera que su detención es injusta y está basada en discriminación.
Los defensores fueron arrestados en mayo de 2022 tras la muerte de un policía municipal, y desde entonces han enfrentado un proceso judicial lleno de irregularidades, que incluyen la falta de acceso a traductores y condiciones que podrían considerarse como desaparición forzada. Su activismo en defensa de los derechos humanos y la oposición a megaproyectos ha sido identificado como uno de los principales motivos detrás de su criminalización.
El Grupo de Trabajo de la ONU ha calificado su detención de discriminatoria y ha llamado a las autoridades mexicanas a liberar a estos defensores, investigar las violaciones de derechos humanos y proporcionar una reparación integral a las víctimas y sus familias. La situación ha generado preocupación en diversos sectores de la sociedad civil, incluyendo organizaciones indígenas y religiosas, destacando un patrón de criminalización de defensores de derechos en Chiapas.