El caso de Pablo Joaquín Gómez Orozco, quien desapareció el 30 de marzo de 2023, ha resaltado serias deficiencias en el manejo de la crisis forense en Jalisco. A pesar de que su cuerpo se encontraba sin identificar durante dos años y medio en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), las acciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) no lograron resolver su situación.
Pablo Joaquín se encontraba en búsqueda de empleo y, tras su desaparición, se reportó que pudo haber sido trasladado a Tala, Jalisco, y posteriormente se comunicó con su madre, indicándole que estaba siendo forzado a trabajar en Zacatecas. Sin embargo, la comunicación con la familia se tornó problemática. En septiembre de 2023, cuando la Fiscalía de Jalisco notificó a la familia sobre un cuerpo que podría corresponder a él, uno de los funcionarios hizo comentarios insensibles que agravaron la situación, aclarando la falta de empatía en el manejo del caso.
A raíz de la ausencia de información clara y de resultados identificativos precisos, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) emitió recomendaciones urgentes a México y solicitó medidas cautelares. La ONU mostró su preocupación debido a que no existe información confirmada sobre el cuerpo hallado en Jalisco que podría pertenecer a Pablo Joaquín y planteó interrogantes sobre la eficacia de las búsquedas y las investigaciones realizadas en varios estados.
El pronunciamiento de la ONU también señala inconsistencias en la información oficial, a pesar de que se han llevado a cabo diversas acciones, como la activación de Alertas Amber y la apertura de carpetas de investigación. La falta de claridad y la persistencia de vacíos informativos continúan siendo un tema crítico en el caso de Pablo Joaquín Gómez Orozco.