La reciente aprobación de la reforma sobre leyes secundarias por parte de diputados oficialistas y del Movimiento Ciudadano marca un cambio significativo en la estructura de las compañías petroleras y eléctricas en México. Con 332 votos a favor y 83 en contra, la reforma busca redefinir a Pemex y a la CFE como empresas públicas del Estado y crea nuevas leyes que modifican el marco regulatorio de los sectores energético y petrolero, incluyendo la Ley de la Empresa Pública del Estado para cada una de estas entidades y otras disposiciones relacionadas.
Sin embargo, esta medida ha sido objeto de críticas por parte de los diputados de oposición, particularmente del PRI, quienes argumentan que estas reformas no contribuirán al desarrollo del país ni a las empresas involucradas. Según ellos, esta reforma podría representar un retroceso para la economía de las familias mexicanas, cuestionando así la efectividad y los beneficios que se esperan de estos cambios legislativos.
La reforma ahora está en manos del Ejecutivo, quien deberá publicarla en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor. Este contexto refleja un continuo debate sobre el papel del Estado en industrias clave y las implicaciones económicas para la población.