El Senado de la República de México aprobó una reforma significativa a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. A partir de esta reforma, se autoriza a funcionarios de varias instituciones, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Casa de Moneda, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Banco de México (Banxico), a portar armas para cumplir con sus funciones de seguridad, siempre que puedan acreditar esa necesidad.
Además, la reforma estipula que ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo podrán poseer en sus domicilios un rifle calibre .22 o una escopeta de cualquier calibre para su legítima defensa, siempre que puedan demostrar su actividad en el sector rural.
Por otro lado, la legislación prohíbe a personas ajenas a las Fuerzas Armadas la posesión, portación y uso de armas, municiones y vehículos blindados, así como la modificación de vehículos particulares para su uso con armamento.
También se establece la obligación de los tres niveles de gobierno de realizar campañas educativas sobre la manipulación de materiales explosivos, pirotécnicos y sustancias químicas, con el fin de informar sobre los riesgos relacionados.
La senadora Maki Esther Ortiz Domínguez del PVEM destacó la importancia de esta reforma, señalando que es esencial para reafirmar el control del Estado sobre actividades relacionadas con armas y explosivos, y para promover una cultura de paz en el país. La iniciativa se envió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para su promulgación.