El caso de Evangelina Alcalá Valero refleja una serie de problemas en el sistema judicial mexicano, particularmente en la atención a los casos de feminicidio. Evangelina fue asesinada por su expareja, Josafat “N”, en 2017, y su cuerpo fue encontrado en 2018. A pesar de que el presunto responsable fue detenido en 2023, el proceso judicial ha enfrentado múltiples retrasos y complicaciones.
La familia de Evangelina está preocupada por la posibilidad de que el acusado pueda obtener un amparo que le permita salir libre, especialmente considerando que ya pasó tiempo antes de que fuera arrestado. Esto señala una falla en la justicia, donde los derechos del acusado parecen estar prevaleciendo sobre el derecho de la víctima y su familia a obtener justicia.
Jackelyn Campbell Dávila, activista y defensora de derechos humanos, ha señalado que la defensa de Josafat está obstaculizando el proceso judicial, lo que agrava la situación de la familia de Evangelina. A lo largo de los años, el caso ha sufrido múltiples cambios de abogados y suspensiones de audiencias, lo que ha generado frustración y desánimo en los familiares que buscan justicia.
Se menciona que, a pesar de que se prevé que el acusado aceptaría su responsabilidad en un juicio abreviado, los constantes cambios de su defensa han llevado a más retrasos. Las audiencias programadas han sido suspendidas en varias ocasiones, lo que refleja un sistema que, en este caso, parece estar fallando en su deber de ofrecer justicia en un tiempo razonable.
Este caso subraya la necesidad de una reforma en el sistema judicial que asegure que los derechos de las víctimas y sus familias sean respetados y que los responsables de crímenes, especialmente feminicidios, sean llevados ante la justicia de manera eficiente.